Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Esta sorprendente investigación radial muestra el testimonio de campesinos que viven de lado y lado de la frontera colombo-ecuatoriana; en dos países distintos pero integrados por lazos familiares, por un mercado común y por el hecho de que los niños colombianos estudian en una escuela ubicada en el Ecuador. El trabajo periodístico explica la situación de cerca de 200 familias que fueron separadas, de la noche a la mañana, por zanjas de cuatro metros de profundidad por cien de largo, construidas por las autoridades colombo-ecuatorianas para controlar el contrabando en los pasos fronterizos.

El equipo investigador de Noticias Uno, dirigido por Cecilia Orozco, reveló nuevos hechos que, sin matices, pueden ser calificados de delincuenciales, protagonizados, paradójicamente, por los más altos encargados de administrar justicia en Colombia. Estos marcan nuevos hitos en su espiral descendente, que llevaron otra vez a pedir una urgente “reforma de la Justicia”, cuyos problemas están sobrediagnosticados. Al sonado escándalo del carrusel de las pensiones o los nombramientos de familiares magistrados en instituciones del Estado, tal como mostró Noticias Uno con rigor y profundidad, se agregan, entre otros casos, pruebas de la negociación de fallos con los mismos procesados por parte de, al menos, un magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura, en este caso, para que su proceso como responsable de ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas falsos positivos) pasara de la justicia ordinaria a la justicia penal militar; o el aberrante caso del robo de la indemnización a una viuda y sus hijos por parte de un magistrado de la Corte Constitucional, quien, a pesar de la aplastante evidencia, no dio explicaciones públicas y fue posesionado por el Presidente de la República.

Una cuidadosa investigación, de mas de un año, permitió revelar la existencia de una oficina de interceptaciones del ejército, desde la que se estaban siguiendo las comunicaciones privadas de los negociadores del gobierno. A pesar de que la oficina perdió legalmente su capacidad para interceptar comunicaciones, en agosto de 2013, continuó haciendo espionaje ilegal y compartió información con grupos políticos y militares contrarios al proceso de paz. La publicación en Semana llevó al allanamiento y cierre inmediato del centro de operaciones Andrómeda, y eventualmente, en octubre de este año, a que los jueces ordenaran la captura de dos cabos y un agente de ejército, como responsables del espionaje. Los diversos artículos muestran un trabajo cuidadoso, un seguimiento inteligente de las fuentes y un gran criterio para evaluar y verificar informaciones muchas veces contradictorias e inciertas, antes de darlas a la publicidad.

Si este grupo de periodistas de Semana no hubiera armado como un rompecabezas el espeluznante retrato de Kiko Gómez, en ese entonces gobernador, la opinión nacional sabría aún menos de la situación de La Guajira.

La seriedad de Verdad Abierta quedó plenamente comprobada con esta investigación que reveló que la apropiación ilegal de baldíos sigue siendo uno de los problemas fundamentales de Colombia.

En esta corta entrevista, la periodista maneja a su entrevistado con una serie de
preguntas y contra preguntas, que dejan en evidencia la dimensión del escándalo del
supuesto tráfico de armas incautadas en la tercera brigada de Cali. En Colombia,
entrevistar de forma crítica a militares de alto rango por participación en escándalos, es
tarea difícil por el poder que estos ejercen. Muchos periodistas han pagado con el exilio
o con la vida este tipo de indagaciones.